Es casi un hecho que Lula pierda el poder en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas. Muchas personas consideran que, entonces, le toca al gobierno "izquierdista" y "comunista" de México. Pronostican que, en las elecciones de 2027, Morena y sus aliados recibirán un golpe electoral y que para 2030 saldrán del poder presidencial. Esto se acompaña con la idea de la inminencia de una acción decidida de Donald Trump contra la cúpula oficialista mexicana.
Este fenómeno retrata una paradoja moral. Para salvar la difunta democracia, se invoca la intervención de un personaje cuyos rasgos identitarios desafían cualquier estándar democrático: un líder violento, con un historial judicial plagado de escándalos éticos y abusos, y una agenda abiertamente hostil hacia la soberanía de sus vecinos. Confiar en las buenas intenciones de Trump no solo es un acto de candidez extrema; es una abdicación de la dignidad ciudadana.
Personalmente, me resulta sumamente complejo comprar ese escenario de colapso automático del oficialismo, pero el futuro es un país desconocido; un territorio donde las leyes del presente suelen quedar suspendidas por el peso de lo imprevisto. Más allá de las quinielas electorales para 2027 o 2030, la verdadera preocupación que debiera ocuparnos no es qué siglas ocuparán la silla presidencial, sino en qué condiciones quedará el tejido institucional del país.
El gran riesgo del momento histórico actual es caer en el juego de las simplificaciones: asumir que la prioridad única e incuestionable es sacar a Morena del poder, bajo la promesa implícita de que "luego vemos qué hacemos". Esa lógica de la hoja en blanco es la trampa histórica de la política mexicana. La alternancia sin proyecto no es democracia, es simplemente un cambio de guardias en el mismo edificio en ruinas.
Al cumplir ocho años bajo la Cuarta Transformación, el balance apunta a un retroceso sistemático en la vida pública. El sistema de salud, desmantelado en aras de una centralización fallida; la educación arrastra las secuelas de reformas cosméticas que ignoran el rezago pedagógico real; y la crisis humanitaria de las desapariciones forzadas y la violencia criminal sigue siendo la gran asignatura pendiente que ningún discurso mañanero puede matizar.
En el terreno político, el cambio ha sido brutal. Asistimos a una restauración del presidencialismo hegemónico del siglo pasado. Hoy, el Ejecutivo federal ejerce un control casi absoluto sobre los Poderes de la Unión y mantiene bajo su órbita a la gran mayoría de los gobiernos estatales. El espacio para la disidencia y la libertad de prensa se ha vuelto un terreno minado. La narrativa oficialista avanza ahora de manera coordinada sobre los espacios que quedaban libres: redes sociales, medios electrónicos y prensa.
Los últimos años han estado marcados por una tormenta perfecta de factores internacionales que habrían puesto de rodillas a cualquier administración: los estragos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, las constantes presiones emanadas de la Casa Blanca, y la inestabilidad energética global provocada por las guerras en Ucrania y las tensiones crónicas con Irán. Estos choques externos han afectado a todas las naciones del globo. Sin embargo, la gran falla del gobierno mexicano no radica en haber provocado la tormenta, sino en la forma en que decidió enfrentarla.
Mientras otros países fortalecieron sus instituciones, protegieron el empleo y buscaron consensos nacionales para amortiguar el impacto, aquí se utilizaron las crisis internacionales como justificación y escudo para profundizar la polarización y acelerar el desmantelamiento de los contrapesos democráticos.
Regreso a la pregunta del título: ¿hacia dónde vamos como país? En la oposición no veo proyecto y algunos de los aspirantes a la presidencia parecen tener más calificativos que ideas y propuestas. Hay, además, un ánimo revanchista de destruir todo lo que huela a AMLO o 4T, tal y como el expresidente lo hizo con resultados terribles. No estoy diciendo borrón y cuenta nueva. Los pillos de la 4T deben pagar sus delitos, al igual que los de otros partidos, pero hacer eso, que es necesario y justo, no resuelve los problemas del país. Eliminar todos los programas sociales sería un error; hay que mantener los indispensables, pero evaluarlos y llevar a cabo una buena focalización de ellos.
Al final del día, el destino de México no se decidirá en las urnas de Brasilia ni en las oficinas de Washington; se definirá en la capacidad de su propia sociedad para madurar políticamente. El verdadero desafío de cara a los horizontes de 2027 y 2030 no radica únicamente en derrotar un modelo autoritario, sino en superar la adicción colectiva a los mesías institucionales. Si la única propuesta de cambio es el rencor y la nostalgia de un pasado que tampoco funcionó, el país seguirá atrapado en un péndulo estéril.