El mayor ingreso que reciben los hogares del país a través de rubros como el gasto social gubernamental, remesas, pensiones y salarios; la puesta en marcha de programas de apoyo económico públicos y el mayor uso del financiamiento, favorecieron las condiciones de acceso a la alimentación durante la última década, aunque persisten retos importantes por atender en la materia, consideran especialistas.
Durante 2015, hace 11 años, 19.45% de los hogares reportó que al menos un integrante de 18 años o más comió menos de lo que debía por falta de dinero o recursos en los últimos tres meses previos a la entrevista. Esta cifra se redujo a 11.50% en 2025, según la Encuesta Intercensal (EIC) que elabora el Inegi.
Al ser cuestionados sobre sí, comer o cenar por la misma causa, 10.72% de los hogares respondió que sí en 2015, mientras que el año pasado la cifra fue de 7.13 por ciento.
Sobre si algún adulto tuvo poca variedad de alimentos, 28.95% de los hogares encuestados dijo que sí hace 11 años, mientras que en 2025 la cifra fue de 15.97 por ciento.
Héctor Magaña, catedrático del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey, considera que la mejoría en las condiciones de acceso a la alimentación está sustentada, en buena parte, en el mayor gasto social que realiza el gobierno, en programas como la pensión de adultos mayores.
De acuerdo con la EIC, la proporción de hogares donde al menos una persona recibe ingresos monetarios por programas sociales registró un aumento considerable. Tan sólo de 2020 a 2025 se observó un incremento de 25% a 41.4%; es decir, 41% de las familias recibe al menos un tipo de apoyo económico.
Si bien es una buena noticia, para el especialista esta situación tiene su lado negativo, ya que, con el gasto disponible que tiene el país, es imposible cubrir todas las necesidades, como es el tema de medicamentos, una de las mayores quejas que existe entre la población.
Magaña destaca que otros factores que han ayudado son el aumento al salario mínimo, el cual pasó de 2,800 pesos mensuales en 2018 a 9,584 pesos en 2026; el ingreso constante de remesas, las cuales BBVA estima que en 2026 sumen cerca de 60,000 millones de dólares, y los ingresos provenientes por jubilación o pensión, con un crecimiento de 13 a 16.6% de los hogares entre 2020 y 2025.
Jesús Sánchez Arciniega, catedrático de la UNAM, agrega que los programas de apoyo económico gubernamentales también han contribuido a mejorar las condiciones de acceso a la alimentación.
Entre ellos destacan el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que busca proteger el poder adquisitivo de los ingresos familias de menor poder adquisitivo, al mantener bajo control los precios de la canasta básica.
Otro programa que destaca es el control del precio de la gasolina, la cual fija que el litro de la tipo magna o regular no rebase de 24 pesos. "Mantener a raya el combustible permite que otros productos no se encarezcan, como son los alimentos".
Sin embargo, el especialista reconoce que también tiene un efecto negativo: la menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles, dinero que no se puede ocupar en otras necesidades de la población.
Sánchez Arciniega destaca que existe otro factor que toma mayor relevancia en los últimos años: el financiamiento al consumo. Es un hecho que cada vez más familias usan su tarjeta de crédito para la compra de alimentos, porque el dinero no siempre alcanza para llegar a fin de mes.
El problema es cuando esas cuentas no se pueden pagar. Magaña señala que se observa un repunto de la morosidad en las tarjetas de crédito, lo cual refleja la creciente demanda de financiamiento, los problemas de liquidez que existen en algunos hogares del país y la necesidad de administrar de forma correcta el dinero.
El Índice de la Morosidad de los plásticos bancarios fue de 3.59% en julio; sin embargo, en instituciones como Ualá, Openbank y BanCoppel es mayor a 11%, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV).
Ambos especialistas coinciden que, si bien el avance es importante, persisten retos en materia de acceso a alimentación y pobreza en general, lo cual implica generar mayores fuentes de ingreso como país, hacer más eficiente el uso de los recursos y mantener bajo control la inflación.
¿Tienes dudas? Escribe a finanzas.personales@eleconomista.mx